El Tribunal Supremo establece que para que la difusión de ideas genocidas sea delictiva no sólo es necesario que se utilicen medios que garanticen la publicidad de esas doctrinas y el acceso a ellas por un mayor número de personas sino que también es preciso que esa difusión "pueda mover sus sentimientos primero y su conducta después en una dirección peligrosa para los bienes jurídicos que se protegen". "No se trata, pues, solo de la mera difusión, sino de la difusión en condiciones de crear un peligro real", aunque ese peligro no llegue a traducirse en actos.
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